Diputad@s y Senador@s: Necesitamos un cambio urgente de la ley que nos proteja

Entrada original publicada en www.derechoadministrativoyurbanismo.es/blog/

Los amigos de Abogacía Española del Consejo General de la Abogacía Española han tenido la amabilidad de publicarme en la Newsletter nº 133 el artículo

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En dicho artículo se explica que las dos reformas legislativas llevadas a cabo en 2007 y 2015, la primera de las Leyes Orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial que modificaron el recurso de amparo y el incidente excepcional de nulidad de actuaciones y la de 2015 en que se reformó la Ley 29/1998, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa para dar una nueva regulación al recurso de casación han tenido como resultado que muchos ciudadanos queden desprotegidos e indefensos porque la mala regulación del sistema, resultante de esas reformas, hace que España no ofrezca un recurso efectivo para corregir las vulneraciones de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos cuando éstas han sido causadas por los propios Juzgados y Tribunales y no quepa recurso ordinario contra dichas resoluciones judiciales.

Teniendo en cuenta que la Constitución proclama que España es un Estado social y democrático de derecho (art. 1.1), que la Justicia se imparte en nombre del pueblo (art. 117) que es el titular de la soberanía nacional y del que emanan todos los poderes del Estado (art. 1.2), que la dignidad de las personas y el respeto a los derechos inviolables que les son inherentes son fundamento del orden político y de la paz social (art. 10) y que los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos vinculan a todos los poderes públicos (art. 53.1) es hora de solucionar esta situación.
En el artículo citado se aportan algunas posibles soluciones pero al mismo tiempo se abre el debate para que los abogados y abogadas españoles a los que va dirigido puedan contribuir mejorando estas soluciones o aportando otras para evitar que los ciudadanos tengamos que soportar ni un día más que nuestro sistema judicial contencioso-administrativo no proteja nuestros derechos básicos por estar mal regulado.

En todo caso los destinatarios últimos del artículo son aquéllos a los que me refirero en el título de esta entrada, nuestros diputados y diputados, así como los miembros del Senado, quienes como nuestros representantes políticos que a través de sus partidos concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular (art. 9 Constitución) son en estos momentos los únicos que pueden poner fin a esta situación y son quienes con su actividad pueden impedir fácilmente que ni un solo inocente más quede desamparado porque las leyes que tenemos hoy en día no nos protegen.
Los representantes políticos son democraticamente elegidos para solucionar problemas reales y aquí lo tenemos y de primer orden, ya que afecta a nuestros derechos básicos.
Para que funcione el Estado de derecho es necesario que se ocupe de proteger los derechos fundamentales de sus ciudadanos, puesto que es de todos nosotros de donde surgen todos los demás poderes del Estado y en último término su legitimidad.
España tiene los defectos propios de una democracia joven; pero entre todos y todas debemos pulirlos para conseguir tener un verdadero Estado social y de derecho del que nos podamos sentir orgullosos y al que queramos pertenecer porque nos defiende.
Por ello hago un llamamiento público a nuestros diputados y diputadas, así como a los miembros del Senado, para que de la manera más urgente posible procedan a modificar las leyes a las que me refieroen el artículo antes citado para evitar que en nuestro sistema judicial contencioso-administrativo los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos sigan siendo vulnerados.
Nos lo merecemos tod@s.
Diego Gómez Fernández -Abogado-

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